Foto: Iasist.com

Históricamente ha sido difícil medir la gestión en el área de la salud. Se cuestionan los instrumentos, los fines perseguidos, se descalifican los resultados enfatizando que cada paciente es un mundo propio, lo cierto es que al sector no le agrada ser evaluado. Pero ya hace algunos años esta resistencia ha ido mutando a una aceptación resignada y en algunos casos al entusiasmo por medir. Es cada vez más evidente la importancia que tiene la gestión clínica como también la gestión de los recursos involucrados, en los resultados de la actividad sanitaria y en Chile, se están incorporando instrumentos de apoyo y medición de la gestión, algunos de ellos basados en el benchmarking.

En su libro “Benchmarking, competir con ventaja”, en el cual analiza el Benchmarking como una herramienta de apoyo para la planificación estratégica y la reingeniería de una empresa o institución, Boxwell define al Benchmarking como una herramienta para “proponerse metas utilizando normas externas y objetivas, y aprendiendo de los otros:
aprendiendo “cuánto” y, tal vez lo que es más importante, aprendiendo “cómo”.

En definitiva, el Benchmarking es una herramienta que nos sirve para descubrir, analizar e implementar el “cómo”, las empresas que son líderes hacen sus procesos. Simplificando: analizar, aprender y adaptar para ser competitivos.

En particular, el Benchmarking Hospitalario es un proceso ya altamente desarrollado en países como Estados Unidos, Australia y España, mediante el cual, a través de la codificación de los egresos hospitalarios, se comparan los principales indicadores críticos de los establecimientos de salud en áreas tales como la eficiencia y la calidad asistencial (previa corrección por distintos conceptos, tales como complejidad, vulnerabilidad etc.).

Según Didier de Saint Pierre, Director de Navigo Group, empresa que por estos días está trabajando con mucha fuerza en implantar este sistema en Chile a través de su asociación con expertos internacionales en el área, el Benchmarking, es decir, la comparación con otros,  “es una excelente herramienta para medir el rendimiento de un sistema, en este caso de un establecimiento de salud,  y a continuación para mejorar los procesos en los que las cosas no andan bien; si sólo mides y  no te comparas con otros te quedas con una foto sin contexto, no puedes saber si lo que estás haciendo está bien o está mal.  El secreto del éxito del Benchmarking reside en que se trata de una técnica que permite tomar decisiones en base a hechos y no en base a la intuición o al buen feeling”.

___________________________________________________________________________________________________

GRD: La base de todo

El primer paso para poder implementar un Benchmarking hospitalario es tener los datos de manera organizada y codificada de manera tal de poder realizar la comparación. Para esto existe un estándar que son los GRD (Grupos Relacionados de Diagnóstico).

Los GRD son un sistema de clasificación de pacientes que agrupa a aquellos episodios asistenciales de una misma clase, que presentan un cierto nivel de homogeneidad clínica y un consumo esperado de recursos similar. Cada grupo lleva además asociado un costo relativo al episodio. Actualmente son ampliamente utilizados en muchos países como base de la categorización del producto hospitalario a efectos de gestión, planificación y financiación.

El objetivo de agrupar los diagnósticos es poder establecer comparaciones, por ejemplo, días de hospitalización por GRD, y  simplificar la tremenda complejidad en que nos sumerge el mundo de los diagnósticos clínicos.

Para armar estos grupos, los hospitales trabajan con los ‘egresos hospitalarios’, fichas que el prestador debe llenar para cada paciente que ha estado hospitalizado. Allí se incluye información del motivo de la hospitalización, los diagnósticos (principal y secundarios) y las prestaciones realizadas.

Los egresos son asimilados a GRDs y luego vienen ajustes (por riego, por vulnerabilidad, etc. ) antes de proceder a la comparación.

_____________________________________________________________________________________________________

¿Qué se mide?

La primera cuestión que aparece con mucha evidencia cuando se empieza a procesar GRD en los hospitales es conocer la complejidad real de las atenciones de un hospital. Y a menudo, los primeros mitos se desmoronan: hospitales que se creían de alta complejidad no lo son tanto.

Una segunda comparación viene dada por los costos. Esto tiene un segundo nivel de complejidad ya que el hospital tiene que ser capaz de recoger y consolidar toda la información de costos asociados a  un problema de salud, para luego entender por qué otros hospitales tienen estructuras de costo diferentes.

Hoy con el sistema Iametrics de la empresa Iasis es posible realizar estas comparaciones con hospitales reales, ya que ellos ya cuentan con una base de datos de cerca de 200 hospitales, con los datos reales de lo que está ocurriendo el mismo año.

_____________________________________________________________________________________________________

Benchmarking en Chile

Tanto en el sector público como el privado hace algunos años ya han empezado a recolectar la información para trabajar con GRD y otros instrumentos que apoyan la gestión financiera y clínica, por tanto si bien no hay aún una masificación del tema, sí hay algunas instituciones que están bien preparadas; de hecho el año pasado ya  25 hospitales estaban implementando GRD (liderados por el Hospital El Salvador) y este año se espera que ese número suba a 40. En el mundo privado, este tema es liderado por la Clinica UC, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y Clínica Dávila.

Según el Director de Navigo Group, Didier de Saint Pierre, “en este momento aún estamos en la fase de procesamiento de GRD, pero estamos en condiciones de iniciar el círculo virtuoso del benchmarking,  comparando el rendimiento de los hospitales”.

Y agrega “con Navigo Group, estamos apuntando a conformar este año en Chile una primera base de datos de unos 6 o 7 establecimientos que puedan:

-    Compararse con ellos mismos en el tiempo
-    Compararse entre ellos, a nivel de servicios y GRDs y
-    Compararse con establecimientos españoles, en particular con las mejores prácticas.

En esto, nadie quiere ser el primero, pero cuando esto haya comenzado, nadie querrá estar afuera.”

La modernización del estado es un tema que se viene discutiendo, evaluando y analizando en los últimos años en muchos países en el mundo, en nuestro país incluso se institucionalizó a través de un Consorcio para la Reforma del Estado, en el cual participaron expertos y especialistas de todo el espectro político y propusieron una serie de reformas, olvidando algunos temas por cierto, pero bueno es un punto de partida.

Yo diría que el gran desafío que tienen los estados, es como moverse a modelos de operación, administración y de servicio a los ciudadanos que den cuenta de los paradigmas del siglo XXI y no con modelos de interacción del siglo XIX como ocurre en muchos estados en la región de América Latina.

Pero en muchas ocasiones ese esfuerzo de modernización del estado, tiene más un foco en la digitalización o automatización de procesos existentes y por lo tanto se siguen manteniendo el paradigma antiguo.

Lo que más vemos son proceso de digitalización y cambio de estructura organizacional, se hecha de menos una mirada a la innovación en el mundo público, esto es, a pensar  fuera de la caja, a mirar modelos de servicios, modelos de negocios y procesos de negocios que den cuenta de una relación más ciudadano céntrica y que tengan al ciudadano como eje, como centro de su que hacer, es por eso que creo que si bien no debemos perder ese esfuerzo modernizador, el énfasis o el foco debiera estar más en la innovación que en el rediseño, con ese olorcillo a automatización de modelos actuales.

El desafío que se nos presenta con este nuevo enfoque, es instalar a la innovación como práctica, la cual debe abordarse a través de una mirada sin prejuicios, sin trabas y que permita ampliar los horizontes de quien esta diseñando.  Algunos de los centros de innovación pública, como el caso de MindLab en Dinamarca han trabajado nuevas aproximaciones a la innovación pública, lo que han hecho es mirar desde la perspectiva de quien usa un servicio, cuales son los componentes, atributos y reglas de negocios que tiene que tener ese servicio y a partir de ahí construir aguas arriba el modelo, esto es un enfoque bottom-up, y no como en general se aborda habitualmente el tema, en que la aproximación en top-down (desde el experto hacia al usuario), es decir de reconstruir la organización y los procesos de negocios desde el Estado hacia los ciudadanos, pasando por todos los niveles intermedios de organizaciones públicas, lo que ha llevado en muchos casos a difíciles procesos de adopción y de gestión del cambio, poco gestionada por decirlo de alguna manera, cómo también de una resistencia a este nuevo modelo impuesto por la autoridad.

En la medida en que los procesos sean procesos bottom-up, mirando desde quien recibe el servicio a quien lo presta, existe un convencimiento y un quehacer más directamente relacionado con lo que cada uno de los funcionarios hace en su día a día.

La siguiente pregunta es:

¿cómo se instala, cómo se institucionaliza ese proceso de innovación pública?

Uno de los modelos más exitosos de este sentido es establecer espacios de discusión abiertos, de diálogo y de puesta en común de los servicios que un determinado agencia público o servicio público presta y a partir de ahí  identificar aquellos lomos de toros, servicios no requeridos o poco valor público que prestan cada uno de estos elementos.  Establecer modelos de co-diseño con los usuarios finales e institucionalizar esquemas de desarrollo de permanente beta.  Todo un desafío.

Hace algunos días subimos una noticia sobre el avance del proyecto Pisee, a partir del estudio bianual realizado por el  IESE Business School, en conjunto con la consultora Everis. Aquí les presentamos otra mirada más general – del mismo estudio- sobre Gobierno Electrónico.

_____________________________________________________________________________________________________

El estudio bianual realizado por el  IESE Business School, en conjunto con everis, señala que el país, a escala mundial, ha ganado seis  posiciones de 2008 a 2010. El ranking lo encabeza Corea del Sur, seguido de Estados Unidos; Canadá; Reino Unido y Holanda.

En los últimos dos años Chile ha continuado su avance en la implementación y masificación del gobierno electrónico al ubicarse en el lugar 34 a nivel mundial y segundo en la región, tras haber mejorado seis posiciones respecto a 2008. Esto de acuerdo con el índice de desarrollo e-Government (IDEG), que llevó a cabo el IESE Business School, de la Universidad de Navarra, en conjunto con la consultora multinacional de negocio y tecnología, everis.

El reporte “e-Government: Situación actual en Latinoamérica y el mundo”, que se basó en tres dimensiones o subíndices (alcance y calidad de los servicios en línea prestados por el sector público, infraestructura en telecomunicaciones y capital humano), intenta cuantificar el grado de implantación del gobierno electrónico (e-Gov) en cada uno de los 192 países miembros de las Naciones Unidas y es una medida que oscila entre cero y uno.

Las ventajas del e-Government y Chile en el contexto mundial
Se entiende como e-Gov la capacidad y voluntad del sector público de utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para mejorar el flujo y el conocimiento al usar nuevas tecnologías, con el fin de desarrollar mejor sus tareas en beneficio de los ciudadanos.

En 2008, Chile ocupaba el lugar 40 a nivel global. En el actual índice, el país se ubica en el segundo lugar regional –y 34° en el mundo- (con un índice de 0.60), siendo superado sólo por Colombia, que escaló 21 posiciones y se instaló en el puesto 31° (con un índice de 0.61), liderando en Latam.

Según Marcos Vázquez, gerente Responsable de Sector Público de everis, “Colombia fue el país que dio el mayor avance gracias a su Programa Gobierno en Línea, implementado a finales de 2007 en el que estableció un cronograma de metas a cumplirse en el uso de tecnologías de la información con miras a 2012. Del mismo modo, el desarrollo del gobierno electrónico y de la interoperabilidad en el Estado chileno se está llevando a cabo con índices de eficacia destacables, en un nivel muy parecido al de algunos gobiernos europeos”.

El experto añade que, por ejemplo, el proyecto tecnológico del Gobierno para que los organismos del Estado intercambien información en línea, – agilizando diversos servicios y trámites a la ciudadanía; ofreciendo una mejor atención de los usuarios, simplificando los trámites, con menos papeles y disminución de los costos y tiempos-, “avanza sin pausa”. Del mismo modo, Vázquez afirma que “si bien Chile va bien encaminado en este ámbito, el vuelo inicial del primer lustro de este milenio se ha ido perdiendo, y es fundamental recuperarlo”.

El subíndice donde en general todos los países registran su mejor resultado es en el de capital humano: Chile obtuvo 0.9232 puntos, muy por encima de la media mundial. En este rubro se mide la capacidad de la población para hacer uso de las herramientas tecnológicas, para lo cual toman en cuenta variables como la educación y analfabetismo.

En lo que respecta a los servicios públicos en línea, el país tuvo 0.6095 puntos.

Con las únicas excepciones de Suiza y Suecia, el subíndice de Infraestructura es el de peor calificación de los tres en todos los países. En casi la totalidad de éstos se repite la misma relación entre los diferentes subíndices: Capital Humano es el más alto y el de Infraestructura el menor, quedando los Servicios online en una posición intermedia.

En la parte de infraestructura de telecomunicaciones, ningún país de América Latina supera el 0.5.

El e-Gov en Latinoamérica
Después de Colombia y Chile, el tercer país latinoamericano más adelantado en el campo de gobierno electrónico fue Uruguay, que se ubica en el lugar 36 del mundo. A varias posiciones de distancia están Argentina (48°); México (56°); Brasil (61°); Perú (63°) y Venezuela (70°).

Las denominadas potencias económicas de la región, México y Brasil, sufrieron un importante retroceso, pues el 2008 se ubicaban en los lugares 37 y 45 respectivamente.

Los tres países latinoamericanos con peor situación relativa son Ecuador, Bolivia y Paraguay, que se colocan respectivamente en las posiciones 95°, 98° y 101° del mundo, y son los únicos de la región cuya puntuación es inferior a la media mundial.

En total, son ocho los países de la región que experimentaron una involución en el ranking del IDEG (Brasil, México, Ecuador y Bolivia, Venezuela, Perú, Argentina y Paraguay), mientras que sólo tres lograron mejorar (Chile, Colombia y Uruguay).

La realidad del gobierno electrónico en el mundo
El estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra (IESE-CELA), desarrollado en conjunto con everis, tomó en cuenta a 192 países de los cinco continentes, todos miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El país que resultó tener los mejores resultados en cuanto a la implementación de un gobierno electrónico fue Corea del Sur, que obtuvo un índice de 0.8785, en una escala que va del 0 al 1. Los siguientes cuatro lugares fueron ocupados por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Holanda. Estos cinco países son los únicos que superan la calificación de 0,8 puntos.

En el extremo opuesto, tres países obtuvieron puntuaciones inferiores a 0,3: Pakistán (146º posición), Nigeria (150º) y la República Democrática del Congo (158º). Más abajo aún hay un amplio grupo de países pobres, con Níger cerrando la clasificación (con apenas 0,11 puntos).

Ministro de transporte y telecomunicaciones precisó los avances en la discusión parlamentaria y los plazos que vienen.

Adicionalmente, la Subsecretaría de Telecomunicaciones avanza en la elaboración del Plan de Radiodifusión Televisiva, que permitirá la migración hacia la televisión digital y que se decretará en un máximo de 30 días.

___________________________________________________________________________________________________

Tras años de discusión, en 2011 finalmente la Ley de Televisión Digital (TVD) se concretaría. El gobierno está confiado en que se cumpla esta meta y es el propio ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, quien confirmó las expectativas.

“Esto de todas maneras será así, ya no podemos seguir esperando más, no tiene ningún sentido. Hay tres o cuatro puntos en los que hay que ponerse de acuerdo, hay que cerrarlos y fin. Seguir dándose vuelta sería legislar para un futuro que ya pasó”, manifestó la autoridad.

Ejes que, de acuerdo a Errázuriz, estarían en la retransmisión consentida por parte de los canales de televisión a los cable operadores y el cobro que esto implicaría, la duración indefinida o no de las conseciones, y la obligación de transmitir los canales regionales y comunitarios vía televisión de pago. “Los puntos más relevantes que hay detrás y que aún hay que resolver”, según él, aunque “el proyecto de ley hoy es mucho mejor que el que estaba inicialmente”, dijo Errázuriz.

Con todo, hoy el proyecto se encuentra en el Senado, instancia cuya Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, según el ministro, tomó la decisión de “darle velocidad a esto, pero una velocidad bastante justa”: desde fines de abril la comisión se encuentra realizando una serie de sesiones para escuchar las posiciones de todos los actores implicados en el proyecto -ayer justamente fue la última-, por lo que ya en junio debería retomarse la discusión parlamentaria, con su respectivo período de nuevas indicaciones.

Esto hasta agosto, ya que, “nosotros esperamos que en dos a tres meses tengamos una Ley de TVD y que sea aprobado en el Senado”, sentenció el secretario de Estado.

¿Qué hay de las señales demostrativas?

Mientras tanto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) avanza en la elaboración del Plan de Radiodifusión Televisiva, que dará a conocer a los canales de libre recepción la frecuencia exacta que se les asignará o mantendrán, en el caso de los que ya hacen transmisiones demostrativas. Esto permitirá que -incluso antes de aprobada la ley- comience la migración definitiva hacia la banda UHF, para la televisión digital de alta definición, aunque manteniendo de forma simultánea las frecuencias en VHF (televisión analógica).

“Ese plan debiéramos estar ingresándolo (vía decreto supremo) de aquí a los próximos 30 días”, indicó el subsecretario Jorge Atton, por lo que posterior a este plazo los concesionarios de televisión podrán comenzar a realizar las inversiones necesarias para hacer el traspaso digital, a través de la compra de transmisores especiales para sus nuevas frecuencias.

Actualmente, al no tenerse esta certeza, las estaciones de televisión sólo han invertido en equipos menores que les permiten realizar transmisiones demostrativas en HD en la Región Metropolitana y otras zonas determinadas.

Con su frecuencia en UHF ya asegurada, podrán comenzar a expandirse a nivel nacional para, una vez en marcha la Ley de TVD, en tres años lograr cubrir al 85% de la población y un 100% tras cinco años.

Los detalles del plan

En este plan la Subtel se encuentra trabajando hace unos ocho meses y, de hecho, tenía previsto ingresarlo antes a la Contraloría para la toma de razón y así decretarlo durante marzo de este año. No obstante, la autoridad decidió esperar un fallo del Tribunal Constitucional (TC), que finalmente rechazó el recurso presentado por un grupo de parlamentarios para declarar inconstitucional el Decreto N° 264, que otorgaba permisos demostrativos por cinco años renovables.

Aún así, en este punto el Tribunal Constitucional incorporó una modificación cautelar que ahora contemplará el plan: que los permisos demostrativos sean entregados sólo por un año, siendo renovables por otro año más.

En este sentido, es que el plan correrá sólo para los actuales concesionarios, manteniéndose congeladas las adjudicaciones a otros actores hasta una nueva licitación, esta vez con Ley de TVD.

El Comité Representativo de la industria telefónica, a cargo de este proceso técnico, constituido conforme a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de la Portabilidad, se reunió con las autoridades de la SUBTEL para exponer su plan de trabajo.

El objetivo planteado por el Comité fue acelerar al máximo posible la licitación del Organismo Administrador de la Portabilidad, para cumplir con ese mandato idealmente antes del plazo máximo establecido por la Ley.

El Directorio del Comité Representativo de la industria telefónica, conforme al DS Nº 16 de 2011, responsable de la implementación de la portabilidad numérica en el país, realizó -hace algunas semanas- una reunión de trabajo con el Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton y las autoridades responsables del proceso por parte de la SUBTEL, para revisar el estado de avance y el calendario de implementación de la Portabilidad en Chile, según lo definido en la Ley de Portabilidad Numérica y su Reglamentos respectivos.

La ley de Portabilidad Numérica, publicada en diciembre del 2010, estableció que el proceso de implementación de este sistema, particularmente de la licitación del Organismo Administrador de la Portabilidad, debe ser realizado por las empresas de la Industria telefónica bajo la supervisión del Estado. En ese marco, el objetivo planteado por el Comité Representativo fue acelerar al máximo posible la licitación del Organismo Administrador de la Portabilidad, para cumplir idealmente con esa tarea antes del plazo máximo estipulado en la ley, lo que demuestra el compromiso de los distintos operadores de telecomunicaciones con la pronta puesta en marcha del sistema de la portabilidad, proyectado por las empresas para el tercer trimestre 2011.

En el Gobierno se manifestaron conformes por el ritmo de trabajo que ha adoptado el Comité Representativo y la calidad técnica de sus integrantes, ya que se alinea con el objetivo programático de la SUBTEL de brindar, lo antes posible a millones de usuarios del país, la posibilidad de ejercer el derecho a cambiarse de compañía manteniendo el número telefónico.

El Comité anunció, además, que por estos días realizarán un llamado público para que los interesados en participar de la licitación presenten sus Expresiones de Interés en el proceso e iniciar así conversaciones formales con los potenciales adjudicatarios.

Más información sobre la portabilidad en www.portabilidadnumerica.cl

Esto significa que el empleador no verá el diagnóstico del trabajador, con lo que el resguardo a la información del paciente se mantiene.

Hoy el director de Fonasa, Mikel Uriarte, anunció que a contar del próximo año el uso de la Licencia Médica Electrónica (LME) será obligatoria en los hospitales públicos del país, mediante la implementación gradual del sistema.

Mikel Uriarte sostuvo que este “es un gran avance, porque permitirá que las personas que tienen derecho a hacer uso de la licencia médica la puedan tramitar en forma más rápida y reciban todo en tiempo oportuno. Esperamos que para el 2012 en los hospitales públicos se emitan todas las licencias en forma electrónica, pues con esto se va a mejorar el pago de las licencias  y vamos a ver en forma oportuna de dónde salieron las licencias, lo que favorecerá la fiscalización”.

Las empresas que se adjudicaron la licitación son  I-Med,  Sistemas Tecnológicos SpA y Microsystem S.A. Las tres firmaron el viernes sus respectivos contratos y ya están en pleno proceso de integración de sistemas.

El modelo operativo del sistema se estructura sobre la base de una suerte de estafeta electrónico, es decir, es el sistema  el que pone el documento a disposición del empleador y de la isapre o Fonasa  y sólo consigna la información pertinente. Esto significa que, por ejemplo, el empleador no verá el diagnóstico del trabajador, con lo que el resguardo a la información privada del paciente se mantiene.

El propósito de Fonasa es que la implementación de la LME sea gradual. De inmediato podrán conectarse aquellos prestadores que tecnológicamente están en condiciones de hacerlo, principalmente los de Fonasa Libre Elección, clínicas y algunos hospitales públicos, como el Padre Hurtado, según la definición que hará Fonasa. El plan piloto se realizará en agosto, para estar en plena operación en septiembre.

El objetivo es que el próximo año esté la mayor parte de la red pública conectada al sistema, de acuerdo con el plan de implementación diseñado por Fonasa.

VENTAJAS
Para los trabajadores, implica evitar el trámite de traslado del formulario, ahorrando tiempo y costos. Para los empleadores significa la notificación electrónica de la ausencia de sus trabajadores de manera oportuna, con una tramitación rápida, económica y eficiente.

Además, facilitará el acceso a la información de las licencias otorgadas, pues los asegurados de Fonasa podrán hacer un seguimiento en línea a través del sitio web de la institución. Además, posibilitará el control del gasto en subsidios por licencia médica y tener ahorros operacionales, debido a la sustitución del procesamiento de licencias en papel. La LME es más barata que la licencia de papel.

Impulsada por Internet y las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC),  nuestra sociedad se desenvuelve en medio de una revolución cuyas consecuencias recién comenzamos a prever. Algunos expertos de la neurociencia nos señalan que es tal el efecto de las TIC en nuestras vidas, que incluso el cerebro humano asiste también a un nuevo tipo de configuración o “cableado” como consecuencia del uso de dispositivos digitales avanzados. Es que con la irrupción  de Internet el mundo ha dado un vuelco en el modo de producir bienes y servicios, comunicarse e interactuar, entretenerse y formarse.

A diferencia de otras revoluciones que han marcado la existencia de nuestra civilización, como el de la invención de la imprenta o la revolución industrial, las transformaciones impulsadas  por Internet ocurren en tiempo real y a nivel planetario. Según nos lo refiere Castells lo distintivo de la era en que vivimos es “que en la sociedad actual la producción y generación de conocimiento y el procesamiento de información tiene una base tecnológica de nuevo tipo que permite que esa información y ese conocimiento sean difundidos y procesados en tiempo real a escala planetaria en el conjunto de los procesos que constituyen la actividad humana”.

Esa base tecnológica es la Internet y su actual nivel de desarrollo, la Web 2.0, su versión más difundida. Con todo, en el estadio actual de desarrollo alcanzado, hoy es posible de acceder a un conjunto de aplicaciones y servicios interactivos en donde es el usuario quien pasa desde una posición mediatizada por un webmaster a otra protagónica y más autogestionable. La evolución de Internet  y la expansión de nuevas posibilidades como lo hace la Internet inalámbrica, permite sostener que el problema hoy no es la disponibilidad de tecnología, tampoco lo es el de la información. El verdadero desafío es cómo generar valor en las distintas actividades.

Implicancias y alcances

El potencial de las TIC excede las posibilidades de informar-se y coordinar-se. Si bien en nuestro medio las TIC se han venido haciendo socialmente más conocidas en el ámbito de los medios de comunicación y algunos otros rubros, a través de plataformas tecnoeducativas, alcanzan un potencial extraordinario para impulsar formación de capital humano. Luego, posibilitan la generación de espacios de aprendizaje comunitario en red prácticamente en todos los dominios del saber humano. Las tendencias mundiales a este respecto muestran que un Blog puede ser útil tanto para la reflexión personal como para un grupo de personas aprendiendo y compartiendo conocimiento en red. Lo mismo empieza a ocurrir con Facebook y el Twitter como canales de transmisión de contenidos. Lo mejor, es que estos soportes son complementarios entre sí.

La era digital está dando lugar a una infinidad de términos comunes y convergentes en materia educativa. Así, la distance education, Web-based Learning, el eLearning y últimamente el M-Learning, acompañado de una docena de términos  más, reflejan el mismo fenómeno: la red se convierte en una opción formativa complementaria de la educación presencial convencional. De este modo, la modalidad virtual, emerge como una aliada  para acortar brechas educacionales, abaratar costos sin ir en desmedro de la calidad, formar capital humano avanzado e incorporar a la era digital a sectores sociales carenciados o con movilidad reducida.

Sin embargo, si bien la Internet es hasta el presente el medio más efectivo para democratizar la información, desde el punto de vista del conocimiento, el desafío  es cómo  transformar la información ya existente  en nuevo conocimiento. Sabemos que éste nace desde la reflexión y el análisis, y que su construcción se ve favorecida en ambientes democráticos. Pasar de la información al conocimiento requiere otras competencias, ya no solo el acceso, sino también de capital humano en condiciones de conducir dichos procesos.

TIC, democracia y participación

La irrupción de Internet, en Chile, y la mejora en los servicios que ésta provee, está configurando una nueva realidad, la realidad soportada por medios digitales. Producto de ello, hoy existen en la sociedad otras redes, intereses y formas de organización y nuevas maneras de relacionarse entre las personas.

El uso intensivo de estos dispositivos digitales es un buen indicador  y refleja el Chile que emerge. Como país hemos dado pasos muy importantes en materia de infraestructura tecnológica, aunque nos falta mejorar el sentido que agregue valor a su uso en prácticamente todas las actividades humanas, incluyendo ciertamente a la política.

En cuanto a lo público,  ya sea el estado como expresión jurídico-política de la sociedad, o ya sean  los partidos políticos como formas de representación de esta  última, se han venido quedando rezagados o dando pasos aún muy tímidos a este respecto. El divorcio al que asistimos entre segmentos ciudadanos y política tiene que ver en parte con este cambio profundo que impulsan las TIC: si en la era industrial la sociedad requería de la mediación de los partidos políticos para expresarse, informarse y organizarse,  en la era digital esa mediación es reemplazada por dispositivos digitales soportados en la Web, que además de proveer información, también, y simultáneamente facilitan la coordinación en tiempo real. Eso quiere concretamente decir que, si en el pasado el encuentro presencial era básico para poder acordar acciones, hoy, con estos dispositivos, las acciones se  pueden acordar y consensuar  en el espacio de la virtualidad. Ejemplo de esto ya lo vimos el 2006 con la revolución pingüina; recientemente lo volvimos a visualizar con  Punta de Choros. La contraparte la encontramos en la inefectividad completa de los dispositivos móviles al momento del terremoto, en su función esencial, cual es la de servir de canal de comunicación.

Para que estas tecnologías sean verdaderamente utilizadas con un fin de participación ciudadana, es preciso tener incorporadas a nivel institucional ciertas prácticas democráticas básicas que, por ejemplo, sean capaces de absorber opiniones distintas, sean abiertas a lo diverso y sobretodo tolerantes. Si las TIC tienen un potencial participativo, este es que posibilitan distintas entradas para una misma situación, circunstancia o problema.

Desde nuestra mirada, es indispensable fortalecer habilidades democráticas que favorezcan la capacidad reflexiva de la sociedad, la construcción de consensos, la colaboración y la horizontabilidad en las relaciones sociales. La naturaleza de estas tecnologías es que son inclusivas y complementarias y por tanto por su capacidad de masificación son aliadas potenciales de la cosa pública en el sentido más amplio del concepto.

Sin embargo, por más que a veces por razones comerciales se exagere su potencial, las TIC no reemplazan la realidad física aunque sí pueden ayudar a modificarla. Pueden ser herramientas muy útiles, pero es preciso abordarlas desde la complementariedad, en lo posible con un fin o propósito ya sea para informar, comunicar y/o apoyar la relación con segmentos ciudadanos. Esta última opción supone definir no solo canales y medios sino que también y fundamentalmente dejar claramente establecido cuál será el alcance de las sugerencias que provengan de la sociedad. Indicar que abrir un blog o cualquiera otra herramienta que sirva a algún fin como los señalados, sin que haya respuesta de alguna autoridad competente, es mejor no abrirlo.

En conclusión, el potencial alcanzado por las TIC como facilitadoras de la participación, pudiera verse afectado  por motivos culturales y relaciones sociales de tipo vertical existente en los tejidos sociales tanto como en el Estado. Por eso, una cosmovisión que busque dar cuenta de la  sociedad actual y sus complejidades, supone, también, fortalecer una cultura democrática pluralista y diversa. Las TIC no harán más que servir de palanca y soporte, para decirlo de otro modo, son el envoltorio, que ya existe. Ahora cuentan los contenidos.

Como país, es un esfuerzo que bien vale la pena acometer.

El desafío que presentan los estados para modernizar su gestión de las finanzas públicas es mayúsculo y en función de aquello es que hacen ya varios años que diversos organismos multilaterales, tales como BID, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI), este último más bien con la lógica de establecer mejores modelos de gestión financiera, han impulsado el desarrollo de plataforma de gestión financiera.

Estos organismos han promovido en la región importantes proyectos cuyo objetivo es la modernización de los ciclos presupuestario y de gestión del gasto público, habitualmente residente en Ministerios de Hacienda y sus servicios encargados de la gestión financiera y presupuestaria del estado, habitualmente direcciones presupuestarias.

El enfoque de la mayoría de estos proyectos en la región ha sido desarrollos a la medida, en algunos casos con equipos internos, verdaderas factorías de software al interior del Estado y en otros casos a través provisión de desarrollos por empresas externas, en el caso de Chile ha tenido ambos modelos (inicialmente desarrollo interno) y luego externalización. En otros países de la región el modelo más frecuente es el de desarrollo interno, son al menos los casos que conozco en Centroamérica.

La discusión permanente en este sentido es ¿tiene desarrollar un sistema desde cero, para la gestión financiera y presupuestaria del Estado?, ¿no existe un producto comercial ERP que cumpla con los requerimientos?

La irrupción de los ERP’s en el sector público se ha dado con mayor frecuencia en países desarrollados, tal es el caso de SAP en Europa, tanto a nivel central como de gobiernos locales.  Según el paper de Raymond, Uwizeyemengu y Bergeron, “ERP Adoption for eGovernment: An analysis of motivations” (2005), presentado en los eGovernment Workshop ’05 (eGOV05) en septiembre de 2005 en Londres, plantean que ha crecido mucho la adopción de este tipo de herramientas en el sector público y que las principales motivaciones se pueden caracterizar de más a menos relevante en:

Estratégicas

1. permitir acceso a los servicios on-linee
2. conectividad con socios/actores externos
3. robustecer plataforma para la introducción de nuevos servicios
4. mejorar el estado del arte del eGov

Desempeño

1. menores costos de manutención y operación
2. mejoramiento en los servicios ofrecidos
3. necesidad de mejor información para toma de decisiones
4. aumentar el rango de servicios
5. mejoramiento de las condiciones de trabajo de los servidores públicos

Tecnológicas

1. búsqueda de integración de los sistemas
2. obsolescencia
3. flexibilidad
4. complejidad de los sistemas legacy

Operacionales

1. facilitar acceso a los datos
2. modernización
3. herramientas de gestión centralizadas
4. posibilidad de analizar diversos escenarios
5. mejorar la colaboración interna y externa
6. descentralización

En general los proyectos de desarrollo de sistemas de gestión financiera en la región no han tomado la ruta de adoptar sistema del tipo ERP y adaptarlos, el argumento más frecuente es que estos sistemas no cumplen con los requerimientos funcionales.  Lo que se ve en muchos países de la región son grandes desarrollos que cuentan con varias decenas de técnicos (informáticos y funcionales), equipamiento y licenciamiento, lo cual suma en muchos cifras que van entre los 30 y 60 millones de dólares, dependiendo de la antigüedad del proyecto.  Estos modelos de desarrollo presentan algunos desafíos de sustentabilidad en el largo plazo:

Tener un mapa de evolución de la plataforma definido (roadmap) que le de un marco claro de actualización
Contar con recursos permanentes que permitan mantener el sistema (10%-15% del costo del desarrollo anualmente) actualizado incorporando los cambios normativos y de negocio que se produzcan
Modelo de cobertura (instituciones que utilizan el sistema) y profundidad de su uso (profundidad del ciclo financiero)
Establecer un modelo de soporte con sus diferentes canales (call center, web, presencial)  y adopción de usuarios, lo cual implica procesos permanentes de capacitación y difusión.

De todas formas me surge la pregunta: ¿qué será más eficiente desarrollar algo a medida o bien mover el estado más cerca de las prácticas definidas en los grandes ERP’s? en muchos casos los dado ya están tirado pero creo relevante se miren con detalle los desafíos de sustentabilidad.

Aproximadamente el 10% de casi 200 instituciones del Gobierno de Chile se han integrado complemente al proyecto Pisee (Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado), una de las iniciativas que desarrolla el Estado en el marco del fortalecimiento del gobierno electrónico, un plan que pretende, entre otras cosas, centralizar información y simplificar los trámites a través de la mejora de la interoperabilidad entre las instituciones, dijo a BNamericas el socio responsable de sector público de la consultora multinacional everis, Marcos Vázquez.

Hace tres años, Chile lanzó una nueva plataforma denominada Pisee que apuntaba a integrar electrónicamente todas las instituciones de gobierno lo que permitiría un proceso de información más eficiente y centralizado.

La plataforma permitiría facilitar la realización de trámites que van desde certificados de nacimientos a la puesta en marcha de una empresa. En Chile, actividades como comprar una casa o conseguir un empleo pueden requerir varios documentos de distintas entidades de gobierno, lo que puede ser altamente burocrático y requerir mucho tiempo.

Chile inició el proyecto con cinco instituciones principales, entre las que destacan el Registro Civil, la Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos. Lentamente ha ido integrando otros, pero aún está atrás cuando se compara con países más desarrollados, según Vázquez.

IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Para seguir desarrollando el gobierno electrónico, Vázquez destacó la necesidad de generar nuevas soluciones que favorezcan la interacción e interoperación digital entre las instituciones públicas, las personas y las empresas, permitiendo a los usuarios el acceso a todos los servicios del Estado disponibles, incluso de manera remota. Un elemento clave para lograr esto es contar con mecanismo de identificación que sea único para cada usuario y reconocido por todas las instituciones del Estado.

“Por ejemplo, en España existe un documento de identificación electrónico DNI (Documento Nacional de Identidad Digital) que permite a los ciudadanos tener acceso a información y trámites”, precisó Vázquez.

En promedio, el Gobierno de Chile invierte US$100mn anuales en el sector de TI, añadió, y de ese monto, más del 10% se destina a proyectos de gobierno electrónico con impacto transversal.

Después de Colombia, Chile es el país más avanzado en TI de Latinoamérica cuando se trata de gobierno electrónico, seguido por Uruguay, Argentina, México y Brasil, según el índice de gobierno electrónico IDEG desarrollado por everis y la escuela de negocios IESE de España.

La gran pregunta que tienen muchos Estados en la región y que se transforma en recurrente a la hora de planificar los siguientes pasos de su plataforma compras pública (eGP) es: ¿qué tipo de modelo de provisión de servicios tecnológicos adoptar para el desarrollo de una nueva (mejoramiento de la actual) plataforma de compras públicas?, esto es, ¿se debe desarrollar a la medida o es mejor comprar un programa producto y adaptarlo? en mi opinión, ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario, fuera de broma, creo que la solución está más bien en una zona intermedia.

Si segmentamos los portales eGP en sus diferentes componentes y me estoy refiriendo al área transaccional del mismo, ya que como lo mencioné en artículo anterior, existe también el área de contenidos y de gestión documental, en la componente transaccional, encontramos:

Por lo tanto, a partir de esta evaluación muy preliminar, el modelo de externalización debiera tomar en consideración los atributos mencionados.  Por ejemplo, en el caso de Convenios Marco, una vez que he definido vía licitación los productos y proveedores de un convenio marco, la operatoria posterior es muy similar a la de cualquier servicio de retail electrónico, por lo que soluciones de comercio electrónico estándares probablemente harán la tarea muy bien.

En el caso del Registro de Proveedores, si mis requerimientos corresponden a una ficha de información de los proveedores, que permitan un mejor proceso de toma de decisiones por parte de los compradores es bastante factible resolverlo con catálogos estándares.  La diferenciación se produce al momento de calcular la función de inhabilidad, la cual es muy dependiente de la ley y el marco regulatorio local y en muchos casos requiere acceso a fuentes oficiales de información, las cuales pueden no estar preparadas para el desafío.

En los últimos años he visto una tendencia a resolver todo el problema de eGP con una estrategia única, pensando que por el hecho de tener un sólo modelo, esto simplificará el proceso, y por otra parte se asume la decisión basándose en el concepto one size, fits all, lo cual como hemos visto dista bastante de la realidad.

En los últimos años se han dado casos de experiencias de grandes proveedores tecnológicos en la región con la promesa que pueden resolver el problema completo y al final del camino el proyecto se aleja bastante de las expectativas iniciales.

En el caso de los desarrollos internos, estos se eternizan sin resolver el tema en forma adecuada y con grandes niveles de frustración por parte de los usuarios y autoridades.

Por lo tanto, me parece fundamental que las autoridades de contratación pública adopten la decisión en función de las variables anteriormente señaladas, incorporando a su análisis, otros elementos que son transversales a cualquier proyecto tecnológico de estas características, esto es:

Profundidad y calidad de mercado de soluciones TI
Capacidad de contraparte técnico-funcional del organismo
Calidad de especificaciones
Recursos financieros disponibles y modalidad de contratación

Vale la pena evaluar los diferentes escenarios para que permitan un adecuado proceso de toma de decisiones, y usted ¿cuál ruta va a tomar?